El precio del alineamiento
La deuda pública argentina es un problema económico, pero también político e institucional. Desde la dictadura de 1976, el país atravesó ciclos recurrentes de endeudamiento externo, valorización financiera y fuga de capitales, con auges especulativos que terminaron en crisis abruptas. Este informe, elaborado por CEFILAT y Latindadd, reconstruye esa trayectoria y analiza su expresión más reciente: el acuerdo EFF 2025 con el Fondo Monetario Internacional y el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos en el tablero geopolítico.
El punto de partida es la arquitectura jurídica y financiera de la vulnerabilidad. La estatización de la deuda privada en 1982 y la adhesión al Plan Brady en los años noventa trasladaron la resolución de los conflictos de deuda a tribunales extranjeros. El litigio con los fondos buitre fue la consecuencia más extrema de ese diseño y mostró cómo un grupo minoritario de acreedores puede condicionar la política económica de un país entero.
El ciclo abierto en 2016 volvió a ese patrón. En dos años y medio, el país se endeudó en USD 120.000 millones en los mercados internacionales, con un esquema de tasas altas, apertura de la cuenta capital y carry trade. Cuando el esquema colapsó en 2018, el FMI otorgó el mayor préstamo de su historia: USD 57.000 millones comprometidos, cerca del 38% de su capacidad crediticia total. Entre enero de 2018 y diciembre de 2019, los desembolsos del Fondo sumaron USD 44.867 millones y la formación de activos externos del sector privado, USD 54.099 millones. Cerca del 90% de los fondos se entregó antes de las elecciones de 2019. La correspondencia entre ambos flujos indica que el préstamo financió la salida de capitales, en contradicción con el propio estatuto del organismo.
El informe recorre luego el período 2019–2026, marcado por la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía, y por dos programas económicos opuestos que enfrentaron la misma restricción externa. Bajo la gestión de Javier Milei, la estabilización inicial se apoyó en una devaluación del 118%, una recesión profunda, la licuación de ingresos y la apreciación cambiaria. El superávit energético, de USD 5.668 millones en 2024 y USD 7.815 millones en 2025, fue un sostén central de ese proceso, y resultó de inversiones en infraestructura previas al actual gobierno. Hacia 2026, la inflación volvió a acelerarse (3,4% mensual en marzo), la actividad se estancó y la inversión extranjera directa neta pasó a terreno negativo.
El acuerdo EFF 2025, aprobado en abril de 2025 por USD 20.000 millones (479% de la cuota argentina), consolidó al país como el mayor deudor del Fondo. El análisis de sus revisiones muestra metas fiscales sostenidas con recortes en gasto social, salarios públicos y obra pública, y una meta de reservas flexibilizada en USD 11.800 millones, a lo que se suma un cambio en la valuación del oro que elevó en unos USD 3.000 millones su valor computable. La condicionalidad estructural alcanza cinco dominios de competencia del Congreso: las reformas laboral, previsional, energética y tributaria, y la privatización de empresas públicas. En este caso, el Fondo funciona como ancla externa de un programa que el propio gobierno adoptó.
La mirada se amplía al escenario internacional. La crisis de 2008 debilitó la hegemonía estadounidense, aceleró el ascenso de China y alimentó un malestar democrático que explica, en parte, la emergencia de nuevas derechas. Los instrumentos del Sur Global, como los swaps de monedas o el banco de los BRICS, diversifican opciones pero todavía no conforman una arquitectura financiera alternativa. En ese contexto, la Argentina abandonó su tradición de equidistancia: renunció al ingreso a los BRICS, se apoyó en el Tesoro de Estados Unidos y firmó un marco comercial bilateral que compromete recursos estratégicos sin contrapartidas de desarrollo.
Las recomendaciones se ordenan en cuatro niveles. En el plano nacional, el informe propone reactivar la Comisión Bicameral de seguimiento de la deuda creada por la Ley 27.249, con mandato sobre toda la deuda pública y sobre la condicionalidad estructural de los acuerdos con el FMI, y establecer por ley un análisis de sostenibilidad de la deuda propio, con metodología pública y auditable. También plantea estándares mínimos para futuras emisiones, como cláusulas de acción colectiva reforzadas y cláusulas de pausa ante shocks externos. La reestructuración de 2020 muestra que el país ya cuenta con esas capacidades técnicas.
En el plano multilateral, el informe propone que la Argentina se sume a la Plataforma de Prestatarios lanzada por la UNCTAD en 2026 y retome los principios de reestructuración de deuda soberana que impulsó en la ONU en 2014. Plantea además el apoyo a una Convención Marco sobre Deuda Soberana, demanda central del Sur Global que quedó fuera del Compromiso de Sevilla. Con el actual gobierno alineado del lado de los acreedores, sostener esa agenda corresponde por ahora al Congreso y a la sociedad civil.